Comienza 2005 con delicadas convulsiones en varios países iberoamericanos. España, Bolivia, Venezuela y Colombia, son noticia diaria. España, en virtud del proyecto de reforma del Estatuto de Guernica, que dio autonomía máxima al País Vasco dentro del marco constitucional de 1979. La ley regional, aprobada por mayoría absoluta, gracias a los inesperados votos de Batasuna, brazo político de ETA, partido que una sentencia judicial había ordenado suspender, pero que la mesa directiva del legislativo eusquera se abstuvo de cumplir, significa la separación de España, abiertamente inconstitucional, para convertirse, después, en “país libre y asociado”. (Puerto Rico con relación a Estados Unidos)
La ley vasca acaba de ser presentada al Parlamento Español. Sin importar la suerte que allí corra, (se sabe que será negada por abultada mayoría) el “lehendakari” Ibarreche, presidente del País Vasco, le anunció al Presidente de Gobierno en audiencia de diálogo (modalidad imposible en el talante de Aznar) que convocará a un referéndum a sus conciudadanos, es decir, al constituyente primario vascongado para que decida sobre su propuesta separatista.
Adicionalmente, Cataluña se apresta a presentar su también anunciado proyecto de reforma del Estatuto Autonómico, el llamado Plan Maragall, aunque, éste sí dentro del marco constitucional, aunque Ezquerra Republicana per Catalunya –ERC- pieza política clave (9 parlamentarios) de la mayoría que respalda al gobierno minoritario del PSOE- insista en la independencia total de España y propugne relaciones directas con Bruselas, sede de la UE, sin tener que pasar por Madrid.
La consecuencia política es que, después de tres horas de diálogo, Rodríguez Zapatero y Rajoy han acordado -por fin- que los dos grandes partidos, PSOE y PP, negociarán un Consenso de Reforma para dar cabida a una nueva estructura constitucional, que profundice las autonomías y garantice la unidad nacional, pues las hoy vigentes fueron diseñadas gradual y separadamente con cada una de las regiones con insuficiente normatividad constitucional.
Bolivia, que sigue viviendo un intenso proceso hacia la democratización y modernización, a raíz de la revuelta social de octubre de 2003 que logró la renuncia de Sánchez de Losada, reemplazado por el Vicepresidente Carlos Mesa, transita con sobresaltos el camino de la nueva ley de hidrocarburos –surtida la consulta popular del 18 de julio último- hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que deberá expedir, dentro del marco aprobado el 20 de febrero del año pasado, una Carta que garantice la participación de las comunidades indígenas, las asociaciones ciudadanas (léase renovación de los partidos políticos en franca crisis) garantice la utilización de sus recursos naturales para beneficio del pueblo boliviano (nacionalización entienden algunos) y la unidad del territorio y del pueblo, gravemente amenazada por la próspera región del este boliviano liderada por Santa Cruz de la Sierra, convertido en pujante polo de desarrollo, al igual que Tarija con sus grandes reservas de gas, arma económica para presionar a Chile a negociar la salida al mar. Evo Morales, líder indígena del Movimiento al Socialismo –MAS- convertido en breve término, en alternativa de gobierno, aprovecha todo acto gubernamental para “parar” al país, mediante movilizaciones, en las que las masas populares tienen una férrea disciplina y larga experiencia. Así, han logrado que salgan del país una empresa americana que tenía en concesión una explotación de carburantes, una francesa que manejaba el agua potable del altiplano, y una española que ha controlado la producción de energía eléctrica.
La consecuencia de este proceso no puede predecirse, aunque sería previsible que además de ciertas medidas coyunturales en el campo de las tarifas de servicios públicos y del carburante, se agilice el lento proceso del trámite y expedición de la ley de Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, ruta ideal para amainar los temporales sociales y abrir las compuertas de la participación democrática a las fuerzas hasta ahora excluidas de la gestión del poder político y de sus instituciones. El otro escenario, el de la renuncia de Mesa y la convocatoria a elecciones (¿?) para elegir a Evo Morales no parecería ser la solución integral de otros problemas, como el de los departamentos del este boliviano, ni el de la continuidad de las empresas explotadoras y comercializadoras de los recursos energéticos bolivianos, ni el de la indispensable unidad nacional. Esta alternativa es elemento de presión para que el actual “establecimiento” no adopte posiciones duras e irreconciliables.
En Colombia y Venezuela, la captura-secuestro por las fuerzas armadas venezolanas (¿sobornadas?) y colombianas (¿con supuesta violación de soberanía?) de un reconocido dirigente de la “diplomacia” de las FARC, ha comprometido en materia grave las relaciones binacionales que pasaban por el mejor momento desde la reunión de los dos presidentes a fines del año pasado. Este incidente ha puesto al descubierto que Venezuela sigue dando albergue a la insurgencia marxista colombiana, con cuya causa el Presidente Chávez en alguna oportunidad fue públicamente solidario. También, y es lo más grave, que su fuerzas de seguridad son sobornables. Así lo ha afirmado el Comandante Chávez. El incidente se sucede en momentos de fuerte oposición a la aplicación de la ley que termina con los latifundios y regula la televisión, medidas que despiertan potentes fuerzas de oposición. Por su parte, el Presidente Uribe cumple, con el amparo de Naciones Unidas y el beneplácito (¿cooperación?) de Estados Unidos, de perseguir a los “terroristas” doquiera se encuentren. El manejo del caso no ha podido ser peor por ambas partes, aunque al final es de abonar el tono del último comunicado del Palacio de Nariño en Bogotá.
El incidente afirma internamente a cada uno de los dos presidentes. En Venezuela, porque le permite mantener el “tempo” emocional, “molto vivace”, que tanto entusiasma a las masas, máxime si la ofensa es “a la soberanía del pueblo, a la soberanía nacional”. (Chávez) Además, revive el sentimiento anticolombianista. En Colombia, robustece la posición de mano firme del Presidente Uribe contra la guerrilla, con cuyo discurso, de corte duro y militar, alcanzó sobradamente la presidencia de la República y mantiene altos índices de popularidad.
Bogotá, Enero 16 de 2005
Tomado de:
http://www.escritoresyperiodistas.com/Ejemplar7/milpalabras.html
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