La perdida del Archivo Histórico de Honda, negligencia de los alcaldes

La tragedia invernal de los archivos.

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A la tragedia humana ocasionada por el fuerte invierno que desde hace varios meses azota toda la geografía nacional, y que ha dejado millones de damnificados, pérdidas económicas cuantiosas, cientos de muertos y desolación en varios municipios y regiones de nuestro país, debemos sumarle también la destrucción y pérdida de archivos públicos y privados en los municipios que prácticamente han desaparecido o en otros que se encuentran inundados y cuya recuperación tardará años.
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Aunque de todas las tragedias, la pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de miles de familias es tal vez la que más nos duele a todos los colombianos, quienes por razones profesionales tenemos la responsabilidad de proteger el patrimonio documental del país, que es la memoria de la sociedad, no podemos dejar de preocuparnos por las implicaciones que tendrá en el futuro inmediato para miles de compatriotas y para nuestra misma sociedad, la pérdida irreversible de los archivos de tantos municipios que quedaron bajo el agua. A la pérdida del Archivo Histórico de Honda, que en parte se debe a la negligencia de los alcaldes de este histórico municipio de nuestro país así como de los gobernadores del departamento del Tolima, se suma ahora los casi una veintena de municipios que deben ser reubicados o de otros que aun deben soportar la inclemencia del invierno que falta por venir, y sobre cuyos archivos ni siquiera se ocupan los medios de comunicación.

Por si fuera poco,  los archivistas desconocemos que acciones está adelantando el Archivo General de la Nación acerca de los efectos que la catástrofe invernal ha podido tener sobre el patrimonio documental del país; todo lo anterior deja entrever cuan poco le interesa a la administración pública lo que pueda pasar con los archivos públicos, principalmente, pero también con algunos archivos privados como los parroquiales,  bancarios y de empresas localizadas en la áreas afectadas. Se entiende que la protección de la vida de las personas que habitan las regiones más afectadas o que presentan mayor riesgo sea una prioridad, así como la recuperación económica de las poblaciones y áreas rurales que mayor daño han sufrido; sin embargo no podemos olvidar lecciones del pasado como la ocurrida en la tragedia de Armero, pues no solo no fue posible identificar con absoluta certeza si todos los “damnificados” eran realmente habitantes del municipio, cuáles eran sus propiedades, cuáles eran sus acreencias con el municipio, etc., puesto que se perdió el archivo del registro civil, los archivos parroquiales y los notariales, sin contar con archivos bancarios, judiciales y de policía. El riesgo social derivado de la ausencia de información sobre las personas, sus propiedades, y actuaciones pueden terminar en eventos más catastróficos aún.

Los archivos una vez ha pasado la catástrofe, adquieren una importancia social muy alta. Ya lo ha señalada la Corte Constitucional cuando en alguna de sus sentencias afirmó que sin archivos no habría organizacional estatal, es decir institucionalidad. La misma corte ha dictado sentencias que obligan a la administración pública a tomar medidas que protejan la información pública sensible para los ciudadanos. Colombia es un país con alto riesgo de catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, deslizamientos, etc.) por lo que una política estatal en materia de planes de contingencia y seguridad de la información es urgente, pero no orientada desde las oficinas de sistemas, sino desde los archivos públicos, y en la cual debemos participar todos los archivistas.

No quiero ni imaginar cómo pueden aprovechar este tipo de catástrofes los corruptos para ocultar sus malos manejos, achacándole la culpa de la pérdida de archivos a la tragedia invernal. Por eso es preciso “blindar” los archivos contra las acciones humanas premeditadas y contra las acciones de la naturaleza, en este último caso hasta donde sea posible. La implementación de medidas, que debieran planificarse desde el MECI, como la microfilmación de documentos, la construcción de archivos técnicamente, la ubicación de los documentos en lugares seguros o con protecciones adecuadas según sean a los riesgos identificados, la digitalización cuando los recursos lo permitan, o un simple plan de acción que dispare alertas tempranas que permitan proteger los archivos oportunamente, como las que tomo al Alcalde de Gramalote, quien envió los archivos de la alcaldía a la Gobernación de Santander, deben hacer parte del protocolo que los planes de emergencia deben contemplar.

¿Como pueden reclamar los habitantes de los municipios afectados un auxilio del Estado sino pueden probar que sus bienes se perdieron como consecuencia de esta tragedia ocasionada por el invierno?. ¿Como pueden probar su misma identidad, o la veracidad de esta si no hay archivo de registro civil?. Como pueden haber justicia si los archivos judiciales se perdieron?. Lo mismo puede pasar con los archivos del catastro municipal o con los parroquiales, tan necesarios para poder recuperar la vida y bienes de los millones de afectados.

Es en estos momentos cuando entidades como el AGN, las asociaciones de archivistas y los archivistas debemos actuar, cada uno desde la función o papel que nos corresponde, pero todos unidos con un mismo objetivo: PROTEGER LA MEMORIA DE NUESTRA SOCIEDAD.Sirva este mensaje para hacer una invitación al AGN para que convoque a la comunidad archivística nacional para definir políticas y regulaciones en aspectos esenciales como: a) inventario de los archivos públicos en riesgo o que han desparecido; b) solicitar ayudas a organismos internacionales para recuperar (restaurar) los archivos que por su valor requieren intervención urgente (secado, microfilmación, etc.); c) capacitación a los archivistas municipales en la elaboración de planes de contingencia en archivos (me ofrezco a dictarla sin costo); d) elaboración de un plan de documentos esenciales o vitales; e) definición de una norma sobre protección de archivos desde el AGN (me ofrezco a colaborar en su redacción); f) reubicación de archivos dañados por el agua o que se encuentren en riesgo; g) campaña de donación de recursos económicos y materiales por parte de la empresas de servicios archivísticos que bastantes beneficios económicos han recibido por la prestación de sus servicios y quienes tiene una responsabilidad social.

Confío en el Archivo General de la Nación asumirá el liderazgo en el desarrollo de esta acciones, dada su naturaleza como ente rector de la política archivística de país.

Carlos Alberto Zapata

Bibliotecólogo y Archivista ULS

Etiquetas: agn, archivo general de la nación, archivos

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Tomado de:

http://www.scarchivistas.org/la-tragedia-invernal-y-los-archivos/